La hora de la Justicia
Al cabo de semanas de expectativa, la Comisión de Expertos para la Reforma de la Justicia les entregó al Ministro del Interior y a las altas cortes un informe preliminar con 40 propuestas específicas, destinadas a mejorar la marcha de uno de los tres poderes públicos. Conformado por un decreto del Gobierno en diciembre pasado, este grupo independiente de 14 juristas, magistrados y profesores de Derecho, lideró unas 30 sesiones para tratar los más serios problemas estructurales que hoy aquejan a la administración de Justicia en el país.
En un completo documento de 182 páginas, los comisionados abordaron 13 de los más polémicos asuntos, que van desde la arquitectura institucional y la organización de la Rama Judicial hasta la relación del sector con otros actores sociales, como colegios de abogados y medios de comunicación. El informe también trata espinosos debates, como el de los 'choques de trenes', el papel de la Fiscalía General, la elección de los magistrados, la congestión judicial y la acción de tutela contra providencias judiciales. Ante la imperiosa necesidad de reformas que incorporen decisiones y herramientas en distintas instancias del Estado, la Comisión invita a un "gran pacto nacional por la Justicia", donde confluyan los poderes públicos y los diversos estamentos sociales interesados en el tema. Para los expertos, "sin justicia, no hay esperanzas, ni presente, ni futuro".
Según sus críticos, la idea de un pacto colectivo para reformar el sector judicial en medio de una campaña presidencial es ingenua, pues mejorarlo está muy lejos de las prioridades del electorado. Otros le pronostican corta vida al reporte por haber sido presentado a escasos meses de terminar el cuatrienio vigente. Sin embargo, la carrera por la Casa de Nariño es el espacio propicio para que los distintos aspirantes discutan a fondo la mayoría de las propuestas de los comisionados.
Por ejemplo, sería ilustrativo conocer el pensamiento de los candidatos frente a interesantes recomendaciones como la de revivir el desaparecido Ministerio de Justicia y encargarlo de las políticas sectoriales, o la de sustituir el polémico Consejo Superior de la Judicatura por un Consejo Nacional de Administración Judicial. Dentro del paquete también se incorporan varias atractivas iniciativas del fuero del futuro primer mandatario, como destinar a la Rama Judicial un monto no inferior al 2,5 por ciento del presupuesto anual; elegir el Fiscal General de una lista de seis nombres enviados por la Corte Suprema, o crear el abogado del Estado para la defensa judicial de la Nación. Además, se propone que los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado sean elegidos por dichas corporaciones y que el período de los jueces de las altas cortes se alargue a 12 años.
Sumadas a los cambios institucionales y de pesos y contrapesos, la Comisión pone sobre la mesa indispensables medidas para descongestionar los despachos judiciales, modernizar el sector con la inclusión de nuevas tecnologías e incentivar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. En cuanto a las tutelas contra sentencias judiciales y contra providencias de los altos tribunales, las recomendaciones introducen límites de tiempo, nuevos requisitos y recursos de anulación.
La amplia gama de temas que este informe preliminar aborda garantiza una discusión integral y muy necesaria de los desafíos de la rama. Ahora que la Comisión está abierta a los comentarios antes de publicar el reporte definitivo, a mediados de mayo, el turno es para los actores interesados, incluidas las campañas presidenciales. Las llamativas propuestas no solo ameritan un serio debate público ante las próximas elecciones, sino también que sean consideradas por el futuro gobierno, cualquiera que sea su orientación. Porque reformar la Justicia para que marche bien en Colombia es, a la vez, urgente y necesario.